Enseñanza Pública Canaria

ARGUMENTOS DE LOS AGENTES SOCIALES CONTRA LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS CANARIAS

Las familias se encuentran muy preocupadas por el presente, pero también por el futuro de sus hijos". Un mensaje claro: “No vamos a permitir que nos desmantelen la educación pública canaria porque eso es igual que negar el futuro de nuestra juventud, negar el futuro de Canarias".

Grave preocupación por el recorte presupuestario aprobado en el Consejo de Gobierno de 172 millones de euros en partidas destinadas a Educación. Se teme que dicha reducción conlleve a que no se puedan atender ni los servicios mínimos necesarios en el sistema educativo.

Estos recortes de inversión cifrados en 52 millones en 2010 y previsiblemente en 172 millones para 2011 están teniendo unas consecuencias dramáticas para los centros educativos. El Gobierno canario, con estos recortes presupuestarios unidos a una gestión negligente, está colocando al borde del precipicio al servicio educativo canario.

La educación pública no es una prioridad para el Gobierno canario, que tiene otras más urgentes y con un marcado carácter electoralista.

Este recorte está produciendo una continua sensación de "malestar" en la comunidad educativa.

En un momento de crisis socioeconómica en que en todos los territorios del Estado español y de la UE se apuesta inequívocamente por la formación y por la educación de la ciudadanía en aras de que puedan acceder al mercado laboral, en Canarias se apuesta por desmantelar el sistema público educativo. Parece que a este Gobierno le interesa tener una población poco formada y fácilmente manipulable.

Todo ello sin nombrar la existencia de 700 docentes menos en las aulas canarias, a pesar de que la matrícula de alumnos haya aumentado; 180 bajas de larga duración o vacantes a curso completo sin cubrir; las bajas de corta duración no se están cubriendo; se han cerrado 60 ciclos formativos de FP en dos años, dejando a 7.000 alumnos en la calle sin posibilidad de formarse; y ha disminuido la oferta de educación de adultos, dejando a 12.000 alumnos en la calle".

Generalización del aumento de ratios, hasta 28 en infantil y primaria, y hasta 33 en educación secundaria obligatoria, incluso cuando se trata de grupos que mezcla alumnado de diferentes niveles educativos, así como otros de integración, lo que imposibilita la adecuada atención educativa.

Se pretende exigir al Gobierno de Canarias un cambio de rumbo en la orientación de las políticas educativas canarias y evitar por todos los medios la desmantelación de  la educación pública.

Invertir en Educación sale caro, pero no invertir sale carísimo por las consecuencias que tiene para nuestra sociedad".